Rompiendo el silencio: Las garantías de la denuncia de irregularidades en el panorama jurídico español

En el complejo e interconectado mundo actual, la denuncia de irregularidades es fundamental para salvaguardar el interés público, promover la transparencia y combatir la corrupción.

Como muchos otros países, España ha reconocido la importancia de proteger a los denunciantes que arriesgan sus carreras y a veces su seguridad para sacar a la luz irregularidades.

Sin embargo, el marco jurídico que rodea a la denuncia de irregularidades en España ha experimentado una evolución significativa en los últimos años, lo que refleja un creciente reconocimiento de su importancia en la defensa de los valores democráticos y la rendición de cuentas.

Contexto histórico

Históricamente, España carecía de una legislación exhaustiva en materia de denuncia de irregularidades, lo que dejaba a los posibles denunciantes expuestos a represalias y repercusiones legales. La promulgación de la Ley 10/2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 2018 supuso un importante paso adelante, al introducir protecciones para los denunciantes en el sector público. Sin embargo, esta ley tenía limitaciones, sobre todo a la hora de ampliar las protecciones al sector privado.

Las limitaciones de la Ley 10/2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública giraron principalmente en torno a su alcance y aplicabilidad. Si bien la ley supuso un importante paso adelante en la introducción de protecciones para los denunciantes en el sector público, se quedó corta a la hora de extender estas protecciones al sector privado. Esto significaba que los empleados de empresas, organizaciones y negocios privados no estaban cubiertos por sus disposiciones.

Además, la Ley 10/2014 carecía de medidas exhaustivas para garantizar la confidencialidad de los denunciantes y protegerlos de represalias. Sin directrices claras sobre los canales de denuncia y las salvaguardias contra las represalias, es posible que personas de los sectores público y privado hayan dudado en facilitar información valiosa sobre conductas indebidas o infracciones.

En algunos ordenamientos jurídicos, como el francés, se ha adoptado el término 'alertadores'. En la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que denuncian infracciones del Derecho de la Unión, se utiliza el término 'reporteros', y en la Ley 2/2023: Refuerzo de la protección de los denunciantes, se ha optado por el término 'informante'.

Además, la ley puede carecer de disposiciones específicas que definan la inmunidad legal de los denunciantes. Sin protecciones explícitas contra la responsabilidad civil, penal o administrativa por revelar información de buena fe, los posibles informantes pueden haber sido disuadidos de denunciar irregularidades por temor a las repercusiones legales.

La Ley de Protección de los Denunciantes (Ley 5/2020)

Reconociendo la necesidad de salvaguardias más amplias, España aprobó la Ley 5/2020 de Protección de los Denunciantes en marzo de 2020, un hito en el panorama jurídico del país. Esta amplia legislación ofrece una sólida protección a los denunciantes de irregularidades en los sectores público y privado, estableciendo procedimientos claros para denunciar conductas indebidas y protegiendo a los denunciantes de represalias.

Las principales disposiciones de la Ley de Protección de los Denunciantes pasan a ser:

1. Definición de denunciante: La ley define a los denunciantes como personas que informan o revelan información sobre actos ilícitos reales o potenciales, infracciones de la normativa o amenazas para el interés público, siempre que actúen de buena fe.
2. Canales de información confidencial: Los empleadores están obligados a establecer canales internos para que los informantes denuncien las conductas indebidas de forma confidencial. Estos canales deben garantizar la confidencialidad y la protección frente a represalias.
3. Prohibición de represalias: Los empleadores tienen prohibido tomar represalias contra los denunciantes, incluido el despido, el descenso de categoría o el acoso. Las represalias son nulas y los denunciantes pueden recurrir a la justicia.
4. Inmunidad legal: Los denunciantes gozan de inmunidad frente a la responsabilidad civil, penal o administrativa por revelar información de buena fe, relacionada con la mala conducta denunciada.
5. Sanciones por represalias: Los empresarios declarados culpables de tomar represalias contra los denunciantes se enfrentan a importantes sanciones, incluidas multas y sanciones.

Ley 2/2023: Refuerzo de la protección de los denunciantes

La protección de los informantes existente en España ha experimentado una importante transformación con la aprobación de la Ley 2/2023, que regula la protección de las personas informantes de infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Esta ley, promulgada el 21 de febrero de 2023, más de un año después de su fecha de vencimiento, transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2019/1937, comúnmente conocida como Directiva de denuncia de irregularidades.

El objetivo de la Ley 2/2023 es proporcionar una protección adecuada contra las represalias a las personas que denuncien infracciones o incumplimientos de la normativa europea y española por parte de las empresas. También busca fomentar una cultura de la información o comunicación como mecanismo para prevenir y detectar amenazas al interés público. La ley entró en vigor el 13 de marzo de 2023, con un periodo transitorio para su aplicación.

A las empresas con 250 empleados o más se les exigió que establecieran un sistema interno de información a más tardar tres meses después de la entrada en vigor de la ley, mientras que a las que tienen entre 50 y 250 empleados se les dio de plazo hasta el 1 de diciembre de 2023 para cumplirla. Las empresas con menos de 50 empleados están exentas de aplicar la ley a menos que entren en el ámbito de los servicios financieros.

La ley protege a los informantes que actúan en los sectores público y privado y que denuncian infracciones en un contexto laboral o profesional. Amplía la protección a diversas personas, como empleados públicos, autónomos, accionistas y miembros de órganos de administración o supervisión de empresas.

Las entidades obligadas a implantar un sistema de información interna son las empresas del sector privado con 50 o más empleados, las entidades del sector privado incluidas en el ámbito de aplicación de reglamentos específicos de la UE y las entidades del sector público.

La ley clasifica los sistemas informantes en internos y externos. Se da prioridad a los sistemas internos, que las empresas deben establecer previa consulta con los representantes legales de los trabajadores. La ley también establece procedimientos de denuncia externa ante la Autoridad Independiente para la Protección de los Denunciantes o las autoridades regionales correspondientes.

Las sanciones por incumplimiento incluyen multas que oscilan entre 1.001 y 300.000 euros para las personas físicas y entre 100.000 y 1.000.000 de euros para las entidades. Además, las infracciones significativas pueden dar lugar a amonestaciones públicas, prohibiciones de obtener subvenciones o beneficios fiscales y prohibiciones de contratar con el sector público.

Antes de la Ley 2/2023, España carecía de una regulación uniforme en materia de protección de los denunciantes, y se basaba en normas sectoriales fragmentadas. Leyes específicas, como la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y el artículo 31 bis del Código Penal, introducían algunas disposiciones en consonancia con la Directiva sobre la denuncia de irregularidades, pero su alcance era limitado. La introducción de la Ley 2/2023 supone un importante paso adelante para reforzar la protección de los denunciantes en España y alinear su marco jurídico con las normas europeas.

En conclusión, el camino de España hacia una protección integral de los denunciantes de irregularidades ha experimentado hitos significativos, que han culminado con la promulgación de la Ley 2/2023. Esta legislación, aprobada el 21 de febrero de 2023, no solo refuerza los marcos existentes, sino que también alinea a España con las normas internacionales, en particular con la Directiva de la UE sobre la denuncia de irregularidades. Al exigir sistemas internos de denuncia, prohibir las represalias y conceder inmunidad jurídica a los denunciantes, la Ley 2/2023 establece un marco sólido para proteger a las personas que denuncian irregularidades.

Con estas medidas, España pretende fomentar una cultura de transparencia, integridad y rendición de cuentas tanto en el sector público como en el privado. Al proporcionar a los informantes canales accesibles para denunciar conductas indebidas y protegerlos de represalias, la ley fomenta la divulgación de información vital que puede ayudar a combatir la corrupción y salvaguardar el interés público.

A medida que España sigue aplicando y haciendo cumplir la Ley 2/2023, envía un mensaje claro: los denunciantes son cruciales para promover la rendición de cuentas y garantizar una conducta ética en la sociedad. Al proteger a quienes denuncian, España da un paso importante hacia la construcción de una sociedad más justa y transparente, en la que las personas se sientan capacitadas para denunciar irregularidades sin temor a represalias. En definitiva, la Ley 2/2023 refleja el compromiso de España con la defensa de los valores democráticos y la promoción del bien común.